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Boletín de prensa 11 de octubre de 2011
EL TIEMPO
PROYECTO CONTRA EL ABORTO SERÍA VOTADO FAVORABLEMENTE ESTE MARTES
Partidarios de prohibir el aborto han organizado manifestaciones para defender su posición.
La iniciativa parece tener el respaldo necesario en Senado para garantizar su aprobación.
El proyecto que prohibe totalmente el aborto en Colombia, que se espera sea votado en primer debate en la Comisión Primera del Senado, parece tener el respaldo de 11 de los 18 senadores que actualmente tiene esa célula legislativa. Siete votarían en contra.
La iniciativa fue radicada por el Partido Conservador y busca penalizar nuevamente el aborto en los tres casos que avaló la Corte Constitucional: cuando hay violación a la mujer, peligro de muerte para la madre y malformación del feto.
Las cuentas que se hacen en la Comisión Primera del Senado es que esta iniciativa sería votada a favor por los conservadores Juan Manuel Corzo, Eduardo Enríquez Maya, Roberto Gerlein y Hernán Andrade. En 'la U' lo respaldarían Manuel Enríquez Rosero, Carlos Enrique Soto, Juan Carlos Vélez y Karime Mota.
A esos ocho votos a favor se sumarían los de Jorge Eduardo Londoño, del Partido Verde, y los de los congresistas del PIN Hemel Hurtado y Juan Carlos Rizzetto.
En contra de la iniciativa están Roy Barreras de 'la U', los dos senadores del Polo, Parmenio Cuellar y Luis Carlos Avellaneda, sumados a la bancada liberal en esa comisión: Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jesús Ignacio García y Luis Fernando Velasco.
El proyecto ha generado la crítica de diferentes sectores civiles y sociales, pero cuenta con el respaldo de la iglesia católica y ya tiene dos ponencias. Una pide su archivo y otra que se apruebe y pase a segundo debate en la plenaria del Senado.
"El derecho de cada ser humano a la vida es inviolable y recibirá toda la protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte", dice el artículo que se incluiría en la Constitución.
Juan Manuel Corzo afirmó que "en Comisión Primera hay una sensación de que hay los votos suficientes para aprobar el proyecto para que después suba a plenaria".
Manuel Enríquez Rosero ('la U'), uno de los ponentes, aseguró que es necesario que en Colombia se establezca constitucionalmente el derecho a la vida, y rechazó las críticas en el sentido de que aprobar el proyecto afectaría la fertilización in vitro, la investigación en células madre y hasta los métodos científicos de anticoncepción.
Karime Mota, también de 'la U', afirmó que respaldará la iniciativa pero pidió que se deje claro en el texto que esas prácticas científicas no se van a ver afectadas.
Luis Carlos Avellaneda justificó su voto en contra al advertir que, al aprobar este proyecto, se "rebaja a la mujer a la condición de una máquina reproductora".
ESTE MARTES SE ADJUDICARÁ LICITACIÓN PARA CONTROLAR ASEO EN BOGOTÁ
Este lunes, Uaesp aplazó la diligencia, tras recibir más de 26 observaciones sobre el proceso.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) aplazó para etse martes la adjudicación de la licitación que, por 110.539 millones de pesos, contratará la plataforma tecnológica que le permitirá planear, facturar y controlar toda la operación del nuevo servicio de aseo en Bogotá.
Después de cinco horas de audiencia, la Unidad tomó esta decisión para dar respuestas a más de 40 observaciones presentadas el fin de semana y el lunes por los proponentes y la comunidad -extemporáneamente-, relacionadas especialmente con aspectos técnicos del proceso.
Durante la audiencia, la Procuraduría Primera Distrital se presentó para exigirle a la Unidad que respondiera algunos interrogantes que tenía con esa licitación, y la Uaesp le contestó que ya lo había hecho, antes del pasado 17 de agosto.
Una de esas respuestas tiene que ver con el cronograma de este proceso, que no se afecta con la orden de suspensión dada por la Corte Constiticional contra la otra megalicitación, por la cual la Uaesp adjudicará el servicio de aseo en Bogotá. Para ganarse el contrato del sistema de información integral y control del aseo se presentaron cuatro firmas: Misión Siisa, Siisa Capital, Synapsis y Distromel S.A., esta última es la única habilitada, hasta ahora.
Mientras tanto, se conoció que la asesora externa Tatiana Bustos, nombrada en el comité evaluador de la licitación, el pasado 19 de septiembre, fue retirada tras generar dudas para el proceso, por cuestionarse su presunta cercanía con una de las firmas licitantes.
SOLUCIONES A DAMNIFICADOS DEBE SER INMEDIATA: CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte les hizo un llamado a los alcaldes para que solucionen la situación de estas personas.
El pronunciamiento lo hizo en un fallo de tutela que protege los derechos de cuatro familias en Yumbo (Valle del Cauca), que llevan cuatro años en un albergue provisional después de haber perdido sus casas en una avalancha. (Haga clic aquí para leer la sentencia completa)
La Corte le da tres meses de plazo a la Alcaldía de este municipio vallecaucano para que diseñe un plan definitivo de vivienda para estas familias. El proyecto debe contar con la participación de los damnificados, quienes estarán asesorados por la Defensoría del Pueblo, agrega la sentencia.
"Las víctimas de una tragedia de la naturaleza tienen derecho a que, de inmediato, el Estado adopte las medidas a su alcance para realizar de manera completa, y en el futuro más próximo posible, el derecho a recuperar sus condiciones de vida digna", señaló el alto tribunal en la decisión.
La orden de la Corte incluye trabajos para adecuar el lugar en el que viven de manera provisional de tal forma que puedan contar con privacidad, servicio de agua, electricidad permanente y condiciones de vida más dignas.
Los damnificados viven en una caseta comunal desde el 30 de septiembre del 2007. En ese lugar fueron ubicados por la Alcaldía de Yumbo después de que las quebradas Peñalisa y La Cristalina se desbordaran y provocaran una avalancha que arrasó sus viviendas, en la vereda Manga Vieja.
Desde ese momento el municipio ha adquirido dos lotes para desarrollar un plan de vivienda pero los terrenos han presentado problemas, lo que ha dificultado su reubicación, explicó la Alcaldía.
"En términos prácticos, la falta de avances significa que todas las familias afectadas han tenido que vivir, durante aproximadamente tres años, en circunstancias que por lo menos presentan dos deficiencias: falta de condiciones que hagan posible su vida privada y carencia de servicios públicos domiciliarios en estado óptimo", indica el fallo.
La sentencia de la Corte tumbó un fallo de un juez civil de Cali que rechazó inicialmente la tutela. El despacho consideró que la administración de Yumbo demostró que se habían hecho gestiones para dotar a las familias de vivienda.
La Corte concluye en la sentencia que "las víctimas de un desastre natural son, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, de por sí sujetos de especial protección constitucional, debido al riesgo en el cual se sumergen de sufrir desarraigo, de experimentar la destrucción de la base material que sustenta su proyecto de vida y la grave afectación del tejido social al cual pertenecen".
DEMANDAS Y FALLOS DE TUTELA EN SALUD AMENZAN LAS FINANZAS DEL PAÍS
Como una bomba de tiempo contra las arcas de la Nación las calificó el presidente Juan M. Santos.
Como una bomba de tiempo contra las arcas de la Nación calificó ayer el presidente Juan Manuel Santos las demandas y fallos de tutela que reconocen onerosas liquidaciones pensionales a ex trabajadores del Estado que se encuentran en el régimen de transición. Esas decisiones, en su mayoría, se han tomado en el Consejo de Estado.
Según las cuentas del Gobierno, esas demandas podrían costarles a todos los colombianos entre 12 y 57 billones de pesos en los próximos 20 años.
En el encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el presidente Santos pidió a los magistrados una unificación jurisprudencial que brinde "un cubrimiento realista y adecuado dentro del contexto de las posibilidades de la Nación".
El magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, respondió que ese alto tribunal sólo interpreta las normas vigentes.
"Lo único que les podemos decir a las entidades del Estado es que, si las peticiones son justas, que hagan los reconocimientos y acaten la ley, así se evitan procesos que hacen más onerosas para la Nación esas obligaciones", agregó.
Por su lado, el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró que ese tribunal ya seleccionó varias tutelas sobre ese tema para unificar jurisprudencia.
SANTOS PIDE A CORTES RESOLVER LIMBO JURÍDICO DE 26.000 DESMOVILIZADOS
Al respecto, la Corte Constitucional afirmó que una semana se tendrá una decisión.
Una semana después de pedirle al Congreso que respalde los ajustes que necesita la Ley de Justicia y Paz, el presidente Juan Manuel Santos les pidió a las cortes que contribuyan a "la reconciliación entre los colombianos".En la instalación del Séptimo Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se realiza en la Universidad Externado de Bogotá, Santos pidió a los tribunales ayuda para resolver lo que llamó un "laberinto jurídico" en el tema de la paz.
Como lo reveló EL TIEMPO este domingo, la Corte Constitucional analiza una ponencia favorable a la fórmula que sacaría del 'limbo jurídico' a aproximadamente 26 mil desmovilizados en el que es considerado como un fallo clave para la Reintegración.
Hace un año, el mismo Tribunal tumbó otra ley que pretendía aplicarles el principio de oportunidad (suspensión de investigaciones) a esos ex Auc, pues consideró que cerrar de un tajo esos procesos iba contra los derechos de las víctimas.
"Necesitamos una estrategia de cierre que nos saque definitivamente de los ciclos de violencia y haga que la paz sea sostenible y duradera (...) Un marco jurídico que abra el espacio para poder cerrar los capítulos del conflicto armado interno", afirmó Santos.
Y agregó: "Estos casos no pueden solucionarse con medidas de
política judicial ordinaria: se requiere de una estrategia integral del Estado que permita la desmovilización de los reinsertados y les dé seguridad jurídica".
El magistrado Juan Carlos Henao, presidente de la Corte Constitucional, respondió que ese tribunal respalda "las iniciativas encaminadas a lograr la paz y la reconciliación entre los colombianos", pero advirtió que el examen tiene que hacer balance entre la necesidad de reconciliación y los derechos de las víctimas, y que sea cual sea su sentido "le aportará a la paz". Henao dijo que a más tardar la próxima semana habrá una decisión frente al tema.
Este diario estableció que se trabaja también en un plan de emergencia que pasa por intentar convencer a la misma Corte Constitucional y a la Suprema de que revisen su jurisprudencia y debatan una nueva interpretación: si para que los ex paramilitares rasos sean procesados por la Fiscalía deberían tomarse indicios serios de responsabilidad en casos de derechos humanos y no la sola pertenencia al grupo ilegal, como está hoy.
Por eso, el mensaje no solo fue enviado a la Corte Constitucional, sino a la Corte Suprema, que revisa en última instancia todos los procesos de Justicia y Paz.
"Tenemos que pasar a una estrategia integral del Estado que determine las responsabilidades de las más graves violaciones, aclare los patrones, contribuya a la construcción de la verdad histórica, atienda al conjunto de víctimas en su totalidad y que permita, a la vez, la reintegración efectiva de los desmovilizados, con seguridad jurídica", afirmó Santos.
Otro rifirrafe entre Gaviria y Uribe
En el encuentro habló el ex presidente César Gaviria, quien dijo que "la Constitución no tiene la culpa de que un gobierno haya decidido repartir la administración pública a pedazos entre los políticos".
Y agregó que tampoco tiene la culpa de que se haya decidido repartir contratos públicos para ganar apoyo en el Congreso. Esas palabras generaron una dura reacción del ex presidente Álvaro Uribe, quien a través de Twitter acusó a Gaviria de haberse aliado con los 'Pepes', de arrasar al campo con su política de apertura y permitir el crecimiento de los grupos ilegales.
REFORMA DE LA JUSTICIA SERÁ ANALIZADA EN FORO ESTE MARTES EN BOGOTÁ
Es organizado por la Corporación para el desarrollo del pensamiento complejo (Complexus).
La idea es analizar tanto la iniciativa presentada por el Gobierno como la que radicó el Consejo de Estado, y estudiar, en cuatro mesas diferentes, temas claves relativos al funcionamiento de la Rama Judicial.
"Un foro como este hace una presentación reposada, tranquila de las diferentes posiciones en torno a la reforma de la Justicia. Lo que se busca es que haya una exposición equilibrada", explicó el magistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla, quien es también el coordinador académico general de Complexus.
La instalación del foro correrá por cuenta del ex presidente Belisario Betancur. Le seguirán la presentación de los dos proyectos de reforma. El del Congreso lo explicará el senador liberal Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión I, y el del Consejo de Estado lo expondrá Mauricio Fajardo, presidente del alto tribunal.
Posteriormente se iniciará una mesa redonda sobre la autonomía e independencia de la Rama, en la que participarán, entre otros, Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Arturo Solarte, magistrado de ese tribunal; Víctor H. Alvarado, magistrado del Consejo de Estado; Ricardo Monroy, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, y Juan Lozano, senador. Más tarde, los congresistas Juan Carlos Vélez y Jesús Ignacio García, junto a Hernando Torres, ex magistrado de la Judicatura; William Namen, magistrado de la Corte Suprema, y el magistrado Velilla hablarán sobre el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
"Cada tema va a tener un tratamiento independiente", aseguró Velilla.
EL TIEMPO, RCN Radio, revista Poder y el periódico El Colombiano apoyan este foro, que también cuenta con el respaldo de la Contraloría General.
El evento se realizará mañana en la sede de la Federación Nacional de Cafeteros, en Bogotá, desde las 8 de la mañana.
EDITORIAL: NIVELAR POR LO BAJO
La ansiosa búsqueda de puntos en común termina por generar una situación muy parecida a la inicial.
"Ejemplo maravilloso de coherencia y armonía entre las instituciones del Estado." En estos términos calificó el presidente Juan Manuel Santos el acuerdo entre el Ejecutivo, los congresistas y los magistrados que aseguró la semana pasada la aprobación del proyecto de reforma de la justicia en su primer debate.
Los más altos representantes de los tres poderes públicos llegaron a un documento de consenso sobre los cambios constitucionales que requiere la Rama Judicial para superar en teoría sus profundas problemáticas. No obstante, no todas las iniciativas sobre las que hubo luz verde producen los mismos resultados efectivos. En ocasiones, la ansiosa búsqueda de puntos en común termina por generar una situación muy parecida a la inicial.
El estado de la administración judicial en Colombia requiere un ambicioso conjunto de medidas, que van desde la descongestión y las garantías de acceso, hasta la introducción de tecnología y sistemas de información. Con más de 2,6 millones de procesos en trámite hasta diciembre pasado, la justicia como derecho y como servicio público es considerada lejana, hostil e inalcanzable para muchos compatriotas.
A lo anterior se añaden los altos niveles de impunidad, el desborde del aparato de investigación para enfrentar los retos de la justicia transicional, corrupción y politiquería entre los servidores de la rama y la precaria situación del sistema carcelario.
A pesar del preocupante panorama, el articulado aprobado en la Comisión Primera del Senado responde más a la protección de las actuales prerrogativas de las altas cortes y los parlamentarios que a resolver muchos de los retos arriba planteados. De hecho, en uno de los puntos más críticos y donde la reforma habría podido avanzar, el de la reglamentación de las tutelas contra sentencias, se acordó mantener el statu quo. Es decir, no modificar nada.
Una revisión de los nuevos textos consignados en el proyecto en discusión muestra que la oportunidad para reestructurar la justicia se subordinó al afán de un consenso entre los tres poderes. Cada uno de ellos, en especial los magistrados y los congresistas, mantendrá muchas de las posiciones y facultades que hoy tiene.
Ejemplo de lo dicho es el Consejo Superior de la Judicatura, cuya eliminación -o, al menos, cirugía de fondo- ha estado en la lista de propuestas desde hace rato. Ahora, el criticado ente sobrevive y los cambios que se incluyen son ante todo de forma. Un análisis similar se puede hacer de las investigaciones de congresistas que realiza la Corte Suprema de Justicia. Aunque se introduce la segunda instancia, los magistrados retuvieron esa cuota de poder.
Siguiendo tal orden de ideas, mientras el Gobierno consiguió que las cortes aceptaran que funcionarios administrativos desempeñen funciones jurisdiccionales, el Poder Judicial obtuvo un aumento de su porcentaje en el presupuesto general de la Nación. Los parlamentarios, asimismo, mantendrán su injerencia en el aparato judicial y una relación que se ha politizado. Por último, el Ejecutivo intentó infructuosamente incluir el delicado asunto de la justicia penal militar. Estas son jugadas legislativas que enrarecen el ambiente para proyectos como el del marco constitucional para la paz.
Tras un año de diálogo, el proyecto, al que le faltan siete debates, no es la reforma estructural, integral y profunda que la justicia colombiana necesita. La distancia entre las medidas que el Gobierno quería impulsar y las que quedaron en la propuesta es tan grande que no hay muchos motivos para celebrar el haber llegado a un consenso en el que se niveló por lo bajo.
EL ESPECTADOR
SANTOS INSISTE A CONGRESO NECESIDAD DE APROBAR LEY DE DESMOVILIZADOS
El presidente afirmó que el país necesita una estrategia que le permita superar la violencia de los últimos 40 años.
El presidente Juan Manuel Santos afirmó este lunes que el país necesita una estrategia que le permita superar la violencia de los últimos 40 años y hacer sostenible la paz en todo el territorio nacional.
“Necesitamos una estrategia de cierre que nos saque definitivamente de los ciclos de violencia y haga que la paz sea sostenible y duradera”, dijo Santos al hacer una reflexión sobre la sostenibilidad de la paz, en su intervención durante el VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se cumplió en Bogotá.
Recordó que una causa de la violencia rural ha surgido de conflictos en el uso y la tenencia de la tierra, por lo cual el Gobierno se está concentrando en fomentar el desarrollo rural, en formalizar los derechos de propiedad y en devolver sus tierras a quienes fueron despojadas de ellas.
Hizo énfasis en que la “estrategia de cierre” debe incluir la atención a las víctimas de la violencia.
“Cualquier solución definitiva requiere que las víctimas de todo tipo sean reconocidas y que sus derechos sean restablecidos. De lo contrario, no sólo perdurará la injusticia, sino que no construiremos el consenso que soporte y asegure el fin de la violencia”, explicó el Jefe de Estado.
Y subrayó que este aspecto es precisamente lo que se propone hacer el Gobierno con la implementación de la Ley de Víctimas.
Además, el Presidente Santos manifestó que la estrategia de cierre necesita de un gran consenso entre las diferentes ramas del poder para cumplir con el propósito constitucional de lograr la paz.
“No vamos a cerrar el ciclo si seguimos construyendo soluciones a pedazos, con una rama respondiendo a la otra de acuerdo con la coyuntura”, indicó Santos.
Agregó que el comienzo de la solución está en reconocer la necesidad de un marco jurídico que abra el espacio para poder cerrar los capítulos del conflicto armado interno.
Por eso advirtió que no se pueden tratar los efectos de tres o cuatro décadas de conflicto como un problema de política criminal ordinaria, porque así no habrá verdadera justicia para las víctimas ni esclarecimiento de la verdad.
“Tenemos que pasar a una estrategia integral del Estado que determine las responsabilidades de las más graves violaciones, aclare los patrones, contribuya a la construcción de la verdad histórica, atienda al conjunto de víctimas en su totalidad, y que permita –a la vez- la reintegración efectiva de los desmovilizados, con seguridad jurídica”, puntualizó el Jefe de Estado.
Gobierno insiste a Congreso necesidad de aprobar Ley de Desmovilizados
A su turno,el alto consejero para la Reintegración, Alejandro Éder, dijo que “lo importante de este acto legislativo es que busca dar una estabilidad a las políticas de paz no solo en las actuales sino también en las futuras”.
Por eso, pidió entender que el proyecto de reforma constitucional “no sólo es para los desmovilizados sino también para toda la sociedad colombiana, si lo que queremos es un país en paz”.
“En este momento en el caso de los desmovilizados actuales ya se han agotado todos los mecanismos y posibilidades legales, entonces lo que queda es tratar de darle en marco constitucional a la justicia transicional para que se permita no sólo que haya más estabilidad al proceso de reintegración sino en todas las herramientas de justicia transicional”, explicó.
Al referirse sobre la preocupación por el limbo jurídico de cerca de 25 mil desmovilizados, Éder dijo que en ese grupo están los reinsertados entre 2003 y 2006 que llevan mucho tiempo en la legalidad, han restaurado sus vidas sentimentales y “no es tan fácil que esas personas vuelvan a la ilegalidad porque se están formando”.
Sin embargo, “el problema es que si nosotros como sociedad les cerramos la puerta a la legalidad no les estamos dejando más opciones, pero en su gran mayoría, confío harían lo posible por estar en el marco de la ley”.
EL ESPECTADOR
ESTE MARTES SE ADJUDICARÁ LICITACIÓN DE ASEO POR $110 MIL MILLONES
la una de la tarde de este martes la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) iniciará la audiencia de adjudicación de la licitación del Sistema Integrado de Información del Servicio de Aseo (SIISA) por $110 mil millones de pesos.
En la puja por la licitación participan cuatro oferentes que buscan quedar a cargo del servicio de monitoreo de aseo en la capital del país.
El objetivo de esta licitación es controlar el cubrimiento del servicio, desde la fuente hasta la disposición final en el relleno Doña Juana, además de establecer con mayor certeza cuántos residuos recogen los operadores para establecer de manera más adecuada sus tarifas.
Según la Uaesp, el sistema de información se articulará con la nueva contratación, en la medida en que los nuevos camiones de recolección requerirán mayor tecnología para permitir el monitoreo constante.
De otra parte, la entidad se declaró a la espera de una pronta decisión de fondo de la Corte Constitucional, en torno a la licitación por 2,5 billones de pesos para la recolección, barrido y limpieza.
Oferentes
Consorcio Misión SIISA
Unión Temporal SIISA Capital
Unión Temporal Synapsis
Distromel S.A., Sociedad extranjera apoderada en Colombia por su sucursal Distromel Andina LTDA.
LA REFORMA A LA JUSTICIA
Por: Paloma Valencia Laserna
El gobierno está tramitando una reforma a la justicia que agrava las cosas que no estaban funcionando y no resuelve nada fundamental.
La falta de justicia y la injusticia son motores de violencia; la imposibilidad de resolver los conflictos mediante las formas institucionales genera frustraciones y lleva a los ciudadanos a buscar otros mecanismos a veces violentos para resolver lo que el Estado no es capaz de solventar. La ineficiencia de la justicia colombiana no se debe a falta de recursos; Colombia es uno de los países con más jueces por número de habitante y tiene, al mismo tiempo, una de las justicias más lentas del continente.
Aún así, los acuerdos del Gobierno con los presidentes de las altas Cortes incluyen un aumento del presupuesto para la rama jurisdiccional, que pasará del 1,43% del PIB al 3%. Cabe preguntarse si darles más dinero solucionará algo; la calidad de los operadores judiciales en Colombia no es buena, no sólo hay escándalos por corrupción; sino que los procesos son largos y a muchas decisiones les falta dominio del derecho. Una nomina de jueces iguales a los que tenemos seguramente no mejorará el problema; tampoco mejorar los ingresos de los funcionarios mejora su calidad. La rama jurisdiccional es prolífica en prebendas para sus miembros, por ejemplo por Sentencia de la Corte Constitucional, todos los Magistrados tienen el mismo régimen de pensiones del Congreso; por supuesto toda la pirámide jerárquica se benefició también del fallo.
La cooptación incluida en la reforma como mecanismo para que sean los mismos Magistrados quienes elijan a los nuevos miembros de las altas cortes, es un mecanismo nefasto. Rompe la posibilidad de que la justicia este vinculada con el poder primario y soberano de la Nación. Son los ciudadanos quienes ostentan el poder en la democracia y en esa medida las ramas del poder público deberían estar ligadas de alguna manera al pueblo, lo contrario es tener poderes antidemocráticos, sobre los cuales como ciudadanos no tenemos control o ingerencia. Se crea un poder cuyos lineamientos políticos no los impone la democracia, sino la ideología de quienes están y escogen a los sucesores.
Y esa "independencia" se cierra definitivamente cuando el proyecto plantea que el Consejo de Estado juzgua a la Corte Suprema y viceversa; y la Corte Constitucional juzgua al Consejo Superior de la Judicatura y viceversa. Es decir el juzgador y el juzgado intercambian justicia y no es difícil suponer acuerdos que anulen cualquier juicio serio. Así pues, con la reforma las altas cortes se eligen, se juzgan y nadie tiene control sobre ellos y el poder soberano del pueblo es excluido de la rama jurisdiccional, es pues, la dictadura de los jueces.
No existen argumentos para que prevalezcan los acuerdos entre el gobierno y las altas cortes. Una cosa es que el gobierno como autor consulte y atienda recomendaciones, y otra que el Congreso tenga que plegarse a eso. La rama legislativa tiene que ser autónoma, para eso tiene la representatividad que le otorga el ser elegida por voto popular. Son los Congresistas los llamados a analizar las necesidades que tiene el país en el área de la justicia, pero pareciera que el poder de las Cortes asfixia también al Congreso, pues son estas Cortes las encargadas de investigar a los parlamentarios.
Es evidente que son los jueces quienes están dominando y decidiendo cómo y qué se reforma la justicia; es una reforma que consolida el poder de sus miembros y deja al resto del Estado a merced de un poder que ya hoy está desbordado. La reforma no soluciona nada, no mejora la necesidad de Colombia de tener una justicia eficiente, que resuelva. Ni siquiera aborda la politización política, la falta de garantías para los militares y el Ministro Vargas anunció que retirará el articulo sobre la justicia penal militar.
Estamos pues frente a una reforma para que la justicia que tenemos este mas cómoda, y que no resuelve nada sobre las necesidades de los colombianos de tener una justicia que cumpla con su función. Si este va a ser el alcance de la propuesta; sería mejor que el Gobierno retire el proyecto.
DE VUELTA AL ESTADO CONFESIONAL
Por: Cristina de la Torre
No se contentó Uribe con legarnos el bulto de la corrupción que en su mandato echó barriga hasta reventar. También nos heredó la semilla teocrática del conservatismo rancio que orientó a su gobierno y hoy florece en las carnitas del procurador Ordóñez.
El diario manoseo al padre Marianito desde la silla presidencial ambientó el destape del jefe del Ministerio Público. Líder de la revuelta contra el Estado laico que la Carta del 91 había rescatado de las calendas de 1936, en su celada contra el aborto legal Ordóñez subordina la norma civil de interés común a la hegemonía de una iglesia en particular, la católica: se ríe de la libertad de conciencia, de la igualdad y la libertad de cultos, patrimonio de las democracias liberales. El proyecto contra el aborto que cursa en el Congreso somete derechos fundamentales de la mujer al principio absoluto de una fe religiosa. Recula desde un orden laico y pluralista hacia el Estado confesional que tiraniza desde un credo a la sociedad entera. Como si todos los colombianos fueran católicos.
En honor de alianzas apolilladas que vuelven por sus fueros, son paladines de esta iniciativa la jerarquía católica y los jefes del conservatismo. E iglesias protestantes que nacieron a la política gracias a la libertad de cultos que la Constitución del 91 trajo, y ahora se rebelan contra ella. Ordóñez, cabeza de la conspiración, retoza en sus escritos contra el amor libre, los anticonceptivos, el aborto, la fecundación in vitro, la “ideología de género”; y, por supuesto, contra el “laicismo militante”, motor de la “agresión a nuestras tradiciones cristianas”. Reivindica la preeminencia de la ley divina sobre la terrenal. Pero el terrenal cargo de procurador catapultó su poder, que éste despliega con potencia de cruzado. Y con desfachatez. No contento con aplicarlo al proselitismo religioso montando oratorios, colgando crucifijos y oficiando misas en las dependencias mismas de la Procuraduría, edifica su imperio espiritual sobre la amenaza de investigar y destituir a funcionarios y políticos herejes. Senadores de la comisión que debate el proyecto contra el aborto tiemblan ante la espada de este Savonarola. Cinco de ellos le confesaron a La Silla Vacía estar “asustados de votarle en contra el proyecto al procurador y sufrir luego (sus) represalias”.
La beligerancia de Ordóñez evoca la propia de su mentor, Laureano Gómez, en rebelión contra la Constitución de 1936 que separaba a la Iglesia del Estado, proclamaba el origen de la autoridad en el pueblo (no en Dios) y consagraba la libertad de conciencia y de cultos. “De ningún modo se debe obedecer a la potestad civil cuando manda cosas contrarias a la ley divina”, había exclamado el jefe del partido católico-azul prusia. El 15 de septiembre de 1940 convocaba Gómez a la guerra civil contra López Pumarejo, el “tirano” que había negado el origen divino de toda ley. Nueve años después, la guerra había saltado de la acción intrépida y el atentado personal al proselitismo armado, con intimidación, escarnio y ejecución de los contradictores. Entonces fueron la Violencia y sus 280 mil muertos. Guardadas proporciones y matices, sentenciar a prisión o a la muerte a cientos de miles de colombianas que por razones médicas abortan cada año, ¿no es declararle la guerra a la pecadora bíblica en pleno siglo XXI? ¿No es sumar más violencia a esta martirizada Colombia?
El Estado laico es de todos, no de los devotos ni de los incrédulos. Tampoco lo es del senador Gerlein, a quien “matar niños (le parece) aterrador”, pero no así el homicidio culposo contra sus madres. Ni lo es de los Andrés Uriel, ministro estrella del uribato que al reclamo por la corrupción que rodeó su desempeño en Obras, respondió altanero: yo no le rindo cuentas sino a Dios. La teocracia al servicio de la truhanería.
ESTADO LAICO, INCERTIDUMBRES CIENTÍFICAS Y ABORTO
Por: Rodrigo Uprimny
Quienes defienden la penalización del aborto en toda circunstancia parten de tres supuestos, que asumen como incontrovertibles: i) que todo óvulo fecundado es ya una persona; ii) que por eso, ninguna interrupción voluntaria del embarazo es justificable, pues destruye a un ser humano y equivale a un homicidio; y iii) que por ello el aborto debe estar penalizado en todos los casos, con el fin de proteger la vida humana.
Pero esos tres supuestos no son obvios. En esta columna me centraré en la discusión del primero y abordaré ulteriormente el examen de los otros dos.
Contrariamente a lo afirmado por algunos analistas o políticos, no es cierto que la ciencia haya dicho que desde la concepción ya hay una persona. Lo que la ciencia puede decir es que desde ese momento hay un material genético irrepetible y una vida humana en formación. Pero asumir que por ello ese cigoto es ya una persona es un asunto controvertido, pues obviamente ni el cigoto ni el embrión ni el feto en sus primeras fases de desarrollo tiene todos los atributos propios de una persona.
Por ejemplo, la capacidad de sentir es razonablemente un atributo esencial de la persona. Ahora bien, la ciencia tiene claro que un feto de varias semanas no experimenta ningún dolor. Así, el año pasado, el “Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos” del Reino Unido presentó un informe sobre “conciencia fetal” (fetal awareness), en donde revisó todos los estudios científicos disponibles en esta materia. El informe, de fácil acceso en la web, concluye que un feto no puede experimentar dolor antes de las 24 semanas de gestación, pues antes de ese momento no existen conexiones suficientes entre el córtex cerebral y los nervios periféricos, y sin esas conexiones es imposible experimentar dolor.
Muchos pueden considerar entonces que por esa razón un feto de menos de 24 semanas no es aún una persona humana, pues no se debe confundir, en las palabras de Aristóteles o Santo Tomás, el acto con la potencia. Esto es, que el cigoto o el feto es una persona sólo “en potencia”, ya que tiene toda la posibilidad de llegar a convertirse en un ser humano, pero no es aún una persona “en acto”, pues aún no ha realizado todos los atributos del ser humano.
Por el contrario, otros podrán opinar que, aunque no tenga ya todos los atributos de una persona, el cigoto o el embrión ya es una persona, por cuanto es un material genético singular, que daría lugar, si el embarazo no es interrumpido, a un ser humano irrepetible.
Ambas convicciones filosóficas o religiosas son obviamente respetables. Pero son sólo eso: convicciones filosóficas o religiosas controversiales y en ningún caso tesis científicas. Tanto es así, que la propia religión católica ha modificado su visión del tema. Santo Tomás pensaba que el embrión, antes de los 40 días de gestación, no era persona, pues sólo en ese momento recibía el alma racional. Y esa fue la doctrina oficial de esa iglesia durante siglos. Ahora su visión es muy distinta.
La vida humana en formación derivada de la fecundación amerita una protección jurídica. Pero, dadas esas controversias filosóficas, un Estado laico y democrático, que protege la diversidad filosófica y religiosa, no puede basar esa protección en la sacralización de la fe de una de las visiones en conflicto, según la cual el óvulo fecundado es ya una persona. Sobre todo si el Estado, a partir de esa creencia, respetable pero religiosa y metafísica, pretende imponerle a la mujer que no comparte esas convicciones la carga inexigible de continuar un embarazo, que ella quiere interrumpir, en los tres casos señalados por la Corte Constitucional: riesgo a la vida o salud física o psíquica de la mujer gestante, feto inviable o embarazo producto de una violación.
CUESTIÓN PERSONAL
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
La regla a la que está condenada nuestra frágil democracia es la de que en función de los intereses personalistas se postergan o deciden las reformas constitucionales.
Uribe cambió la Carta para hacerse reelegir. Hoy muy pocos le jalarían a reformar la Constitución para restablecer la prohibición de la reelección, pues ya se oye hablar del “derecho” del presidente Santos a hacerse reelegir, porque el derecho del pueblo a rescatar la coherencia de su Carta Fundamental es secundario. Que perdure la reelección, al menos mientras una sola persona consigue reelegirse.
El mal hizo metástasis en el proyecto de reforma a la justicia, aprobado mientras el país dormía. Se trata de un compendio de privilegios para personas involucradas en la Rama Judicial, no para solucionarles a los ciudadanos el acceso a la justicia o los ríos de impunidad que los atropellan diariamente.
Para empezar, es un desacierto que el Gobierno pretendiera concertar con las cortes la reforma que precisamente las afectaría, en vez de haber defendido sus puntos de vista. El asunto ha quedado reducido a que el Gobierno perdió el control de un proyecto que terminaron tejiendo las cortes a su imagen y semejanza, y por eso la opinión lo ha recibido tan mal.
No se comprende cómo una reforma que se anunció dizque para acabar con el Consejo de la Judicatura, termina fortaleciéndolo. O el Gobierno improvisó cuando armó todo el ruido contra esa corporación o sencillamente mentía. Hay quienes aseguran que gracias al inmenso poder burocrático del Consejo, que tiene arrodillado al Congreso, el Gobierno tuvo que desistir de abolir este elefante blanco que continuará integrando las ternas para magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y, además, manejando el botín de la Rama Judicial.
Tampoco se entiende cuál beneficio traerá a la justicia que a los magistrados de las altas cortes se les extienda su período de 8 a 12 años y su edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. La propuesta solamente les sirve a ellos, como privadamente lo comentan algunos. ¿Quién fue el autor de esta iniciativa? Me resisto a creer que haya sido un magistrado, pero si fue alguien del Gobierno, que nos expliquen, entonces, por qué no han tenido la delicadeza elemental de sugerir que el artículo sólo rija para quienes sean nombrados en el futuro.
Al ciudadano de a pie de qué le sirve que los centros de arbitraje se conviertan en juzgados, como lo pretende el proyecto. O es que el Gobierno quiere privatizar la justicia, para que las grandes causas públicas sean falladas por costosos tribunales arbitrales conformados por codiciosos lagartos, siempre dispuestos a condenar al Estado y favorecer intereses privados.
Que el Gobierno haya permitido que a última hora el ministro de Defensa hubiese incluido en el proyecto de reforma a la justicia —que llevaba un año en discusión— la ampliación del fuero militar, y que lo hubiera retirado a las carreras, sugiere ligereza.
En cambio las facultades nominadoras para intervenir en la elección de fiscal, procurador y contralor, que politizaron las cortes, quedarán intactas. Se trataba de no fastidiar; por eso tampoco hay todavía solución a la necesidad democrática de que las sentencias de las altas cortes puedan ser entuteladas y revisadas por la Corte Constitucional. Lo que era urgente y necesario quedó en el olvido.
Y para cerrar con broche de oro, se revive una perla de tinte totalitario, por medio de la cual se faculta a cualquier autoridad, para detener a un ciudadano hasta por 36 horas. Qué vergüenza, pero sobre todo, qué miedo.
Tiene razón el presidente cuando pregona que como el proyecto de reforma a la justicia fue concertado, no hubo vencedores. A todos les dieron. Apenas perdió el de siempre: Juan Pueblo.
Adenda. ¿Quién amenazó a Laura Gil? Solidaridad con la valerosa columnista, que hará falta.
EL NUEVO SIGLO
PROHIBICIÓN DEL ABORTO NECESITA 2 VOTOS PARA SALVARSE
Con el suspenso de que al Partido Conservador le faltan dos votos para su aprobación, hoy la Comisión Primera de Senado abordará el estudio del proyecto de acto legislativo que prohíbe el aborto sin excepción alguna.
De ser aprobada esta iniciativa del presidente de la colectividad, senador José Darío Salazar, quedarían sin efecto las tres excepciones que estableció la Corte en la actual penalización del aborto, una de ellas cuando la concepción es producto de una violación.
La Comisión Primera de Senado cuenta con 19 curules para igual número de parlamentarios, sin embargo actualmente hay 18 legisladores por la detención de Javier Cáceres, investigado por parapolítica.
En ese sentido el proyecto requiere de 10 votos para su aprobación, de los cuales los conservadores tendrían asegurados ocho votos: los cuatro de sus congresistas, los dos del PIN y Juan Carlos Vélez y Manuel Rosero del Partido de La U.
Por lo tanto para salvar el proyecto los conservadores tienen que lograr el respaldo de los senadores de La U, Karime Mota y Carlos Soto.
Los cuatro parlamentarios liberales de la Comisión y los dos del Polo votarán en contra del proyecto.
UNA PEQUEÑA CONSTITUYENTE
Cuando desde el Palacio de San Carlos, en su Mandato Claro, el presidente Alfonso López Michelsen propuso una pequeña Asamblea Constituyente para plantearle al país una profilaxis al sistema, la Corte Suprema de Justicia de ese entonces le barajó la ambiciosa iniciativa. Coincidía por aquellas calendas con las propuestas editoriales del influyente director del diario El Siglo, Álvaro Gómez Hurtado, quien propendía por una reforma a fondo a la Justicia colombiana, que empezaba a dar muestras de alta contaminación política.
Una remembranza. El barquero recuerda que el 16 de noviembre de 1976 el parlamentario caldense Jesús Jiménez Gómez, en un memorable debate a la Justicia, enfiló baterías en la Cámara de Representantes contra el entonces ministro del ramo Víctor Renán Barco López, quien renunció aquella misma noche a su cartera en la que apenas llevaba 19 días. El fogoso congresista neirano, siempre al lado de Gómez Hurtado, le habló al país de lo politizada que se encontraba la Justicia en Colombia.
Las falencias de la Rama. El promotor del debate se refirió a los acuerdos que se tenían para mantener vigentes desde esas épocas las famosas puertas giratorias. Luego, con la reforma del 91, la Justicia se politizó por mandato constitucional: Los mismos magistrados quedaron con atribuciones para proponer los candidatos a los entes de control, dígase Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Y todos a una, como en fuente ovejuna, con la coparticipación del Consejo Superior de la Judicatura, órgano que permeó al Congreso de la República, que de su mano se entronizó en todas las Ramas del poder.
El constituyente primario. Por lo visto, el Presidente Santos tiene ahora la maravillosa oportunidad de reivindicar la Justicia, pero de la mano del constituyente primario para que el pueblo, mediante una consulta, pueda expresar sus reparos a lo que ha sido denominado como el “carrusel de la Justicia”, representado en los más altos salarios, las referidas puertas giratorias, que no son más que “el amiguismo del tú me das y yo te doy o el tú me nombras y yo te nombro”, en un penoso intercambio de favores clientelistas, dejando de lado los grandes temas a los que deben dedicarse los hombres encargados de impartir justicia.
Por un verdadero revolcón. Tiene, pues, el doctor Santos la oportunidad de promover un verdadero revolcón para que la reforma pase a la historia y no se quede “entre las ramas” y para que les podamos devolver la confianza a nuestros magistrados y jueces. Lo dicho: Las circunstancias están dadas. Es la hora de que se desate el nudo gordiano que armaron políticos y magistrados, en un contubernio jurídico que acabó con la verdadera misión de los jueces. Y si el Congreso se opone, entonces que también se proceda a erradicar ese nido de vicios legislativos que han terminado contaminando no solo al Ejecutivo sino al Poder Judicial colombiano.
¡Ha llegado la hora de la justicia, doctor Santos!
REVISTA SEMANA
EL PIN, LA U Y LOS VERDES EMPUJARÍAN PROHIBICIÓN DEL ABORTO
En el Congreso se revivió el debate sobre la prohibición del aborto. El Senado decidirá si sigue adelante o no con la discusión.
La prohibición del aborto en Colombia está a punto de superar su primer debate. Todo, gracias a que senadores de estos tres partidos podrían apoyar a los conservadores para que se apruebe esta polémica iniciativa. Liberales y el Polo quedarían solos.
Hace dos semanas, uno de los proyectos bandera del Partido Conservador, el que busca penalizar la práctica del aborto (incluso en los tres casos específicos autorizados por la Corte Constitucional), estaba a punto de ser archivado.
Los conservadores no contaban con las mayorías suficientes (10 votos) para que se aprobara el primer debate de este proyecto que busca reformar la Constitución. Los liberales, en cambio, tenían cómo hundir la polémica iniciativa.
Sin embargo, el acuerdo de aplazar la votación le dio un nuevo aliento al proyecto, al punto que este martes, el día de la votación, todo parece indicar que cuenta con las mayorías necesarias.
Porque el proyecto partiría con el voto a favor de los cuatro senadores del Partido Conservador: Roberto Gerlein, Hernán Andrade, Juan Manuel Corzo y Eduardo Enríquez Maya. Y con seis en contra: los cuatro liberales, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jesús Enrique García y Luis Fernando Velasco; y los dos del Polo: Parmenio Cuéllar y Luis Carlos Avellaneda.
Pero los conservadores buscaron entre los demás partidos y al parecer podrían encontrar los votos que les faltan.
Los primeros dos que consiguieron pescar fueron los dos senadores del PIN, Juan Carlos Rizzetto y Hemel Hurtado. Ellos, más allá de los argumentos, acompañarían la iniciativa de un partido con el que, de tiempo atrás, han tenido acuerdos, por ejemplo, para conformar las mesas directivas del Congreso, y gracias a los conservadores, el PIN logró tener representación en el Cnsejo Nacional Electoral.
Los cuatro votos que harían falta también estarían asegurados. El Partido de La U, aprovechando el mensaje del presidente Juan Manuel Santos, que advirtió que en la discusión del aborto los congresistas tendrían libertad de conciencia, también estaría dispuesto a acompañar a un partido con el que han mantenido cierta afinidad en algunos temas.
Sin embargo, en la bancada de La U el senador Roy Barreras es autor de la ponencia que pretende archivar este proyecto. Mientras que Manuel Enríquez Rosero es autor de la ponencia que busca prohibir esta práctica. Juan Carlos Vélez, de talante conservador, ya anunció que apoyará la prohibición del aborto. Los conservadores, entonces, tendrán que convencer a Carlos Soto y Karime Mota, quienes no han expresado públicamente su posición.
Por eso, el senador Armando Benedetti (La U) le envió una carta al presidente del partido, senador Juan Lozano, en la que pide que la bancada defina una sola postura frente al aborto.
Benedetti considera que esta reforma constitucional “atenta contra los principios más importantes sobre los que estamos construyendo el Estado colombiano, como la separación entre Iglesia y Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el respeto a la jurisdicción constitucional. En un Estado laico como el colombiano, se debe propender por el respeto a las otras formas de pensamiento”.
En la carta, Benedetti le sugiere a los demás miembros de La U “no convertirnos en un Estado criminalista, que sanciona y penaliza todas las conductas. El problema de fondo en todo este debate es la existencia de embarazos no deseados por parte de nuestras adolescentes y mujeres en general. Esto deviene de una carencia flagrante de políticas públicas en materia de educación sexual y reproductiva”, dice en la carta.
Benedetti concluye que La U, de cara al país, debe tomar una posición unificada frente a un tema, que a pesar de ser de conciencia, considera debe “ser respetuosa de las decisiones de nuestras Cortes y acorde a las verdaderas necesidades de nuestra sociedad”.
Pero si los conservadores consiguen los dos votos indecisos de La U, aún les haría falta el voto definitivo para que la iniciativa supere el primer debate.
Y en la mira está el senador boyacense Jorge Londoño, del Partido Verde. Hace dos semanas, en el frustrado primer debate, Londoño pidió que se aplazara el debate, y aunque no fijó una postura clara, insinuó que, probablemente, terminaría votando a favor de la iniciativa.
Si estos cálculos prosperan, los conservadores superarían el más duro debate del proyecto, el de la Comisión Primera del Senado.
Así está la votación
La prohibición del aborto necesita 10 votos de 18.
- A favor de prohibir el aborto (7)
Hernán Andrade (P. Conservador)
Roberto Gerlein (P. Conservador)
Eduardo Enríquez Maya (P. Conservador)
Juan Manuel Corzo (P. Conservador)
Manuel Enríquez Rosero (La U)
Juan Carlos Vélez (La U)
Juan Carlos Rizzetto (PIN)
Hemel Hurtado (PIN)
-No han definido posición (3)
Jorge Londoño (Partido Verde)
Carlos Soto (La U)
Karime Mota (La U)
- En contra de penalizar el aborto (6)
Luis Fernando Velasco (P. Liberal)
Juan Fernando Cristo (P. Liberal)
Jesús Ignacio García (P. Liberal)
Juan Manuel Galán (P. Liberal)
Parmenio Cuéllar (Polo)
Luis Carlos Avellaneda (Polo)
SANTOS ALERTA SOBRE LOS GRAVES EFECTOS DE ALGUNAS SENTENCIAS EN EL TEMA PENSIONAL
El mandatario señaló que los fallos podrían costarle al país 57 billones de pesos en los próximos 20 años.
El presidente Juan Manuel Santos advirtió este lunes sobre los graves efectos que tienen sobre las finanzas públicas algunos fallos de tutela y demandas que “por proteger los derechos de algunas personas pueden vulnerar la igualdad de la mayoría”.
No es la primera vez que el mandatario habla sobre el tema. Santos ya se había referido a sentencias sobre temas de salud, créditos hipotecarios y ajustes de salario que le costaban billones de pesos al país. Pero durante el VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional ‘Diálogos con el Mundo’, el jefe de Estado centró su preocupación en el tema pensional.
Según el mandatario, los diferentes puntos de vista que las altas cortes tienen sobre el denominado régimen de transición de pensiones podrían costarle al país 57 billones de pesos en los próximos 20 años, una situación que Santos calificó como “una bomba de tiempo que se cierne sobre las arcas de la nación”.
Santos explicó que sin entrar a juzgar la pertinencia de las divergencias en las cortes sobre el régimen de transición de pensiones, es su deber insistir en promover una unificación jurisprudencial en la materia.
De acuerdo con Santos, con esta situación el país enfrenta riesgos reales que confrontan la viabilidad económica de la nación.
CMI
COMENZÓ EN BOGOTÁ EL MÁS GRANDE ENCUENTRO DE MAGISTRADOS Y EXPERTOS EN DERECHO CONSTITUCIONAL
En el Externado de Colombia se realizó hoy, por primera vez, una interconexión vía internet con las principales universidades del país, para trasmitir en directo la instalación y deliberación del séptimo Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, organizada por la Corte Constitucional, con su presidente, Juan Carlos Henao, como gran promotor y líder.
El evento reunió a 8000 personas en Bogotá, en diferentes universidades. Y en total en el país, a unas veinticinco mil, cifra que rompe todos los récords de asistencia a un evento académico.
El presidente Santos, el expresidente Gaviria, el presidente Henao, de la Corte, instalaron el evento. Luego intervino Robert Alexy, profesor de Derecho Constitucional de Alemania, y se sucedieron enseguida los demás conferencistas invitados.
Mañana el evento tratará uno de los temas más apasionantes: el choque entre las Cortes
Constitucionales y los demás poderes del Estado.
CARACOL RADIO
PRUEBA DE FUEGO LE ESPERA HOY EN EL SENADO AL PROYECTO DE LEY SOBRE EL ABORTO
Confiados en que el proyecto de ley que prohíbe el aborto en todas sus modalidades pase su primera prueba de fuego y sea aprobado en el Comisión Primera del Senado se declararon miembros de la bancada del Partido Conservador.
El Presidente del Senado, Juan Manuel Corso, dijo que por ahora la iniciativa tiene prácticamente asegurados 11 votos de 18 congresistas que conforman la célula congresional y consideró que a favor están: 4 conservadores, 4 de la U, 2 del PIN y 1 del Partido Verde.
El proyecto busca que se levanten tres excepciones para que definitivamente el aborto quede prohibido: por violación, malformación y riesgo de muerte de la madre.
A su turno el ex presidente del Senado, Armando Benedetti, pidió a la Comisión Primera del senado y a los miembros de la U que voten en contra la iniciativa .
Sostuvo que de no hacerlo los parlamentarios serian considerados como “cavernícolas o dinosaurios”.
“Si se vota a favor el Congreso quedaría como cavernícola. El partido de la U debe asumir una posición en bancada , lo otro seria cobardía, porque esa es la forma como se vería el estado” agregó Benedetti.
CONTINÚA EL PULSO ENTRE PONENTES DE LA REFORMA A LA JUSTICIA POR EL FUERO MILITAR
La polémica por el anuncio del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras de retirar el artículo sobre el Fuero Militar del proyecto de la reforma a la justicia siguió confrontando las posiciones de ponentes de la U y del Partido Liberal.
El senador de la U, Juan Carlos Vélez, anunció hoy que hará el debate en la plenaria del Senado para que el artículo sobre el Fuero Militar no sea excluido de la reforma al advertir que ese fue un compromiso del presidente Santos y los partidos de la mesa de Unidad Nacional.
A su turno, el también ponente, pero Liberal, Jesús Ignacio García, expresó que el Fuero Militar debe ser estudiado fuera de la reforma a la justicia porque un tema nada tiene que ver con el otro.
Por otra parte, el presidente de la Comisión primera del Senado, Luis Fernando Velazco, dijo que es un error del senador de la U, Juan Carlos Vélez, de insistir con el artículo del Fuero Militar para tramitarlo dentro de la reforma a la justicia y sostuvo que está de acuerdo en que se abra el debate, pero por fuera de esa iniciativa.
LA CULPA NO ES DE LA CONSTITUCIÓN, NI DE LAS INSTITUCIONES, SINO DEL GOBERNANTE: CÉSAR GAVIRIA
En desarrollo del encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el expresidente Cesar Gaviria dijo que no es un problema de la constitución resolver la corrupción o el tema de la paz, sino de los gobernantes.
Dijo que la responsabilidad es de los funcionarios que se repartieron el Estado.
Sostuvo que hoy subsiste la necesidad de insistir en depurar la política de la corrupción y de recuperar la credibilidad del quehacer público.
“La Constitución no tiene la culpa de que un gobierno haya decidido repartir la administración pública a pedazos entre dirigentes políticos, algunos de ellos en las cárceles, o que se haya decidido repartir contratos públicos para ganar adhesiones en el Congreso. Sin duda, ello fue el origen de buena parte de la corrupción que se dio en los últimos años. La culpa no es entonces de la Constitución, ni de instituciones como el DAS o el Incoder, sino del gobernante”, sostuvo.
RCN RADIO
CONSERVADORES DICEN QUE LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO NO OBEDECE A TEMAS RELIGIOSOS
Los senadores Hernán Andrade y Jonh Sudarski debaten en torno a despenalización del aborto en Colombia
Presidente del Congreso dice que hay ambiente para aprobar la prohibición del aborto
Federación Médica Colombiana exhorta al Congreso a que no se eche atrás la despenalización del aborto
"Si se vota a favor el proyecto de aborto, los congresistas quedarían como cavernícolas": Benedetti
El senador Hernán Andrade, integrante del Partido Conservador, dijo que el proyecto que se discutirá desde este martes en el Congreso para volver a penalizar el aborto, no obedece a temas religiosos.
En diálogo con RCN La radio de la Noche, Andrade dijo que “siempre nos quieren llevar a un debate religioso, estamos planteando un tema que tiene como prioridad garantizar la vida en Colombia. No estamos por razones religiosas defendiendo la penalización del aborto, estamos defendiendo la Constitución”.
Aún así, reconoció que el proyecto que fue apoyado por la bancada conservadora, iba acompañado por los cuatro millones de firmas que recogió la Iglesia Católica.
Por su parte, el senador Jonh Sudarski del Partido Verde, dijo que coincide con Bill Clinton en que los abortos deben hacerse rara vez y de forma segura.
“Dios no es la fuente de autoridad, sino la fuente de inspiración. Utilizar axiomas de índole religiosos para imponerse sobre la sociedad no está bien. La teoría es que donde hay espermas y óvulo hay vida”, explicó.
"Colombia es el el pais del mundo donde hay menos población llega a un matrimonio legalmente constituido, hay mucha informalidad", puntualizó.